Volvemos a las calles

El 3 de junio presentamos un informe ante la opinión publica analizando la situación actual en la que se encuentra nuestra lucha por el derecho a la vivienda.

pdf:
El derecho a la vivienda en Burgos. Volveremos a las calles

Presentamos dicho informe en formato web para facilitar su consulta.

1 SITUACIÓN DE PARTIDA:

500.000 desahucios desde el comienzo de la crisis. Más de 3.000 en Burgos.

184 desahucios diarios en toda España. Más de 400 desahucios el pasado año en Burgos.

1.000.000 de pisos vacíos en manos de los Bancos. En Burgos más de 1.000.

6.000.000 de parados. Más de 31.000 en Burgos.

En Castilla y León, se producen, en este momento, siete desahucios al día. El año 2013 hubo en Castilla y León, 2.768 lanzamientos, esta situación es insostenible.

200.000 millones de euros para el rescate de los bancos. Caja Burgos y Caja Círculo (como entidades “sociales” construidas por los Burgaleses y al servicio de los Burgaleses rescatadas desparecidas y expoliadas por sus gestores –entre ellos políticos locales, sin que se haya exigido responsabilidad alguna; gestores que conservan todos sus privilegios y prebendas). Caja España, como entidad “social” apoyada y controlada por los políticos autonómicos, igual que las anteriores rescatada, desparecida y expoliada por sus gestores –entre ellos políticos autonómicos, sin que se haya exigido responsabilidad alguna; gestores que conservan todos sus privilegios y prebendas).

En un goteo incesante, cada semana acuden a PAH Burgos un mínimo de tres o cuatro familias afectadas; cada vez con situaciones más dramáticas y a quienes se les ha negado todo tipo de ayuda por las Administraciones, que han sido engañados e incluso estafados, en alguna ocasión, por las Entidades Bancarias (posición dominante al firmar –avalistas, garantías- cláusulas abusivas -suelo, comisiones, intereses de demora- rehipotecas
y refinanciaciones ventajosas para los bancos, procesos ejecutivos sin atender la situación económica y familiar, directivos sin escrúpulos e irresponsables totalmente).

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2. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

La obligación de los Poderes Públicos de garantizar el DERECHO A LA VIVIENDA está
contenida en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el artículo 47 de nuestra Constitución.

A) Ayuntamiento de Burgos

Responsabilidad directa derivada de los años de especulación y despilfarro. Partícipe directo en el fracaso y expolio de las Cajas de Ahorros Burgalesas. Partícipe directo en la especulación urbanística sufrida en Burgos durante muchos años.

De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Municipio puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Tiene competencias en Promoción y gestión de la vivienda de protección pública y, fundamentalmente en atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

No hace nada.

Aprobadas, como consecuencia de la presión de PAH Burgos, unas limitadísimas ayudas para el alquiler de vivienda y el pago de plusvalías a afectados por ejecuciones hipotecarias.

El Ayuntamiento afirma no tener viviendas destinadas a alquiler social. No quiere aprobar un programa de acción social en este sentido.

Las ayudas de urgente necesidad son también muy limitadas (período de tres meses de pago de alquiler y de pago facturas pendientes suministros básicos de servicios básicos esenciales –agua, energía eléctrica). Las situaciones de pobreza energética son cada vez mayores.

Dice el Ayuntamiento no tener viviendas destinadas a alquiler social. No quiere aprobar un programa de acción social en este sentido.

Trabas burocráticas para la obtención de informes en los CEAS necesarios y urgentes para
negociaciones con los Bancos.

En su página Web aparece PAH Burgos, esto indica claramente cual es su actitud: quitarse del medio.

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B) Junta de Castilla y León

Ni la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del Derecho a la Vivienda de Castilla y León, ni la Ley 10/2013, de 16 de diciembre de medidas urgentes en materia de Vivienda de Castilla y León, contienen garantías reales sobre:

  1. El uso social de las viviendas deshabitadas.
  2. La creación de un parque público de viviendas en alquiler social.
  3. Implicación real de la Administración en los supuestos de familias en riesgo de exclusión social, ya sea por estar sujetas a proceso ejecutivo hipotecario, o por que no tienen acceso a los bienes básicos –energéticos- entre los que se encuentran, con carácter primordial, una vivienda digna.

No se hace nada relevante en materia de vivienda.

Es necesaria la creación de un Parque Público de Viviendas de alquiler social.

Desde las Pahs y colectivos Stop Desahucios de Castilla y León, se ha elaborado un Documento de Mínimos presentado la pasada semana en las Cortes de Castilla y León.

El denominado Servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio (012) no funciona como debería hacerlo. No se trata como personas, se trata como expedientes. Desde dicho Servicio, en más de una ocasión, se ha indicado a alguna familia que acuda a Pah Burgos.

La Administración autonómica actúa de forma paternalista, prepotente y como si Administración fuera suya (patrimonialización de la Administración). Estamos en presencia de un DERECHO, el Derecho a la Vivienda, no ante algo graciable y sujeto a la voluntad de los políticos de turno.

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3. ENTIDADES FINANCIERAS:

Tras la gran alarma social que se produjo durante el año 2011 y 2012 y el varapalo a la ley hipotecaria española, que dejaba patente la indefensión de las familias ante el poder financiero en los procesos de ejecución, las entidades financieras, han hecho un gran esfuerzo por lavar su imagen, sabedoras de que sus beneficios estan directamente relacionados con ella, y con la confianza que sean capaces de trasmitir a sus clientes, presentes y potenciales.

Paralelamente, el auge, y también, el grado de simpatía y apoyo social recibido por las plataformas y grupos stop desahucios les hizo cambiar su estrategia, y empezaron a mostrase “como entidades sensibles con la realidad social y comprometidas con la ciudadanía”.

Se abrieron numeros procesos de diálogo, los interlocutores empezaron a aparecer (no sin la presión de las acciones de calle que les dejaban en evidencia) y empezaron las “puertas abiertas” y “las buenas intenciones y palabras” con las que éramos recibidos en los bancos.

Eso, se tradujo en 2 cosas:

El problema no era visible en la calle y se trasladaba a la ciudadanía la sensación de que era un problema resuelto. Nos cargaba de innumerables reuniones, horas de trabajo, de peleas de despacho en las que, al no ser profesionales, nos hemos desgastado durante meses haciendo un esfuerzo enorme para solucionar unos pocos casos.

Mientras nos tenían entretenidos, ellos, los bancos, han seguido manejando a su antojo las
vidas de de miles de personas.

Porque los procedimientos de ejecución hipotecaria de primera vivienda, se siguen produciendo, y con ellos, las subastas y los lanzamientos con total impunidad e indefensión de los afectados.

Tan solo, algún juzgado valiente, es capaz de frenar esta sangría, pero aun en estos casos, el poder del banco,los recursos de sus asesorías jurídicas y su enorme y aplastante superioridad económica, pueden dejar en nada un auto favorable a las familias en primera instancia.

Estamos cansados de reuniones interminables, papeleos reiterados y demoras en todas las operaciones, con el consiguiente incremento de las deudas y de la angustia de las familias. Queremos soluciones REALES, adaptadas a la situación real de las familias, y las queremos ágiles, proporcionadas y justas.

No queremos parches, refinanciaciones que solo aumentan la deuda y ahogan a las familias.
Queremos alquileres sociales pagables, ajustados a los ingresos no a porcentajes de tasaciones que siguen estando manipuladas por las entidades.

Queremos y EXIJIMOS que la ciudadanía en general, sea informada de sus derechos, no solo aquellos que acuden acompañados de una camiseta verde o de la mano de caritas o una ONG.

El tan cacareado código de buenas prácticas que ellos esgrimen para soltar un “NO CUMPLEN” y quedarse tan frescos recoge que ES TAREA DE LAS ENTIDADES ACOGIDAS INFORMAR Y DIVULGAR ESAS MEDIDAS AL PRIMER SÍNTOMA DE PROBLEMAS PARA AFRONTAR LA DEUDA.

Este real decreto ya es en si mismo INSUFICIENTE Y RESTRICTIVO, y lo es aun mas si las entidades lo ocultan sistemáticamente a sus clientes cuando demandan ayuda.

Pasamos a hacer un repaso de las entidades más significativas en la región:

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CAJA 3 IBERCAJA

Buena voluntad negociadora, pero poco más.

Pocos avances concretos.

La política de la entidad es no conceder daciones (incumpliendo el Código de Buenas Prácticas), y, por tanto, tampoco alquileres sociales.

Derivan todas las operaciones hacia carencias, no pueden resolver el problema en muchas ocasiones por impagos prolongados, embargos posteriores o baja probabilidad de reinserción laboral.

Plantean una “solución incierta” mediante un mandato de venta con promesa de quita o condonación de la deuda, que aun, tras mas un año, no hemos visto plasmada en un contrato sobre un caso real.

Mientras, la deuda aumenta.

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CAJA ESPAÑA

Su actitud es actuar bajo presión por lo que nos obligan a ejercerla en sus propias oficinas para llamar la atención de la ciudadanía. Solo cuando la operación es ventajosa para la Entidad toma decisiones. En ningún momento acepta negociar un alquiler social razonable, alegando que las viviendas adquiridas mediante subasta las tiene ofrecidas para fines sociales a la Junta.

Antes de ofrecer una carencia ajustada al Real Decreto, trata de colocar al interesado una carencia a su manera en la que los gastos corren por cuenta del deudor, incluso los del abogado a quien la Entidad remite los expedientes para proceder a la ejecución.

Para “solventar este pequeño problema” es tan amable, que ofrece préstamos personales ventajosos…. Una deuda mas… Solo cuando interviene la PAH se avienen a una negociación justa, no sin reticencias y demoras que solo hacen elevar la cuantía de la deuda.

Saben que las operaciones pendientes de resolver las vamos a ganar en el juzgado y aún así no aceptan daciones que evitarían el sufrimiento innecesario de las familias y la acumulación de expedientes en el Juzgado que produce estancamientos y saturaciones que perjudican a toda la Administración de Justicia.

Queremos hacer hincapié en que esta Entidad ha sido rescatada con dinero público del abismo en que sus gestores, la mayoría políticos sin moral ni conocimientos financieros, la habían hundido.

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CAJA RURAL

Los acuerdos son siempre largos y difíciles. A dia de hoy aun no se han acogido al Código de Buenas Prácticas por lo que las carencias y daciones son una dura pelea. Una vez valorado el precio de colocación de la vivienda en el mercado, tratan de adecuar el mismo a la deuda pendiente, lo que convierte a la dación en una operación de compraventa que nada tiene que ver con las soluciones que la legislación ha impuesto para suavizar el sufrimiento de las familias en riesgo de exclusión social.

Este mismo concepto se puede aplicar a las carencias, que por demorarlas con artilugios burocráticos, hacen que la deuda se eleve hasta ser casi imposible una solución coherente.

Eso si, nuestros interlocutores no dudan el consultar con la Pah aquellas dudas que les surgen sobre el código de buenas prácticas por si deciden unirse al club al final.

Parece que sus servicios jurídicos están tan ocupados en presentar demandas de ejecución, que no tienen tiempo de informarles.

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CATALUÑA CAIXA

Las operaciones con Catalunya Caixa presentan una elevada dificultad como es que en ellas los avalistas no son tales, sino que tienen la misma consideración de deudores que los titulares de la vivienda, con lo que el término de “vivienda única” o “ingresos in suficientes” no se acepta porque generalmente los avalistas tienen ya su propia vivienda y su pensión. A pesar de esto o mas bien por esto, no aceptan la dación en pago.

Recordamos que se trata de una entidad intervenida y saneada por todos nosotros.

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CAIXABANK

A pesar de que siempre se ha mostrado como la entidad mas abierta a negociar y solucionar estos problemas, sus soluciones se han ido alejando cada vez mas de la situación real de las familias (daciones parciales, condicionadas) , a la vez que los tiempos de resolución de los casos se alargan hasta el infinito.

Se ha pedido reiteradamente una adecuación a la realidad, a través de un acuerdo de mínimos, al cual no hay respuesta y sistemáticamente, se nos avoca al caso a caso, con multitud de problemas, denegaciones, reconsideraciones, y laberintos de documentación que nos sepultan.

Creemos que su voluntad negociadora responde mas a criterios de imagen y reputación que a ganas de “remangarse” y solucionar, de verdad los problemas.

Prueba de ello es la falta de información que se ofrece a los afectados en las oficinas cuando acuden solos. Curiosamente, facilitan y publicitan mucho mas la dacion, que supone la pérdida de la vivienda, y el posterior alquiler, que la carencia a través del RD, aunque si ofrecen otro tipo de carencias.

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BANKIA

El banco de todos (al menos todos hemos puesto algún que otro euro para su rescate) no parece que haya tenido hasta la fecha la misma generosidad con sus clientes.

Casi todos los casos que nos han llegado están ya en procedimiento, incluso con la subasta ya celebrada.

A través de su red de oficinas era imposible resolver nada: la documentación se pierde, no llegan respuestas, no cumple nadie o no sabe no contesta.

Decidimos dar un paso mas y elevar las protestas directamente al Territorial y ahí empezamos a ver la luz: subasta y lanzamientos parados, daciones y alguna condonacion de deuda. Pero cuando se trata de alquileres sociales…. La cosa se atasca: precios imposibles.

Lo mismo sucede con la red de oficinas; al igual que en Caixa y Caja3, no acaba de entrar “el espíritu de las buenas prácticas”.

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BBVA

Para ser sinceros, no hemos tenido un número de casos significativo con esta entidad, de lo cual nos alegramos mucho, por que cada caso, supone meses de negociaciones.

No es muy “alegre” a la hora de dacionar y lo es mucho menos a la hora de los alquileres sociales.

Prefiere la entrega voluntaria de las llaves, a cambio de meter al afectado en “programa de inserción laboral” para el cual ha firmado un convenio con Adecco (ETT).

Esto, no soluciona ni el problema de la vivienda ya que la pierden, ni el del paro, ya que los trabajos son de insuficiente remuneración (a veces mucho menos que la prestación) y por supuesto, en precario.

Nos preguntamos: y por que tiene que ser a cambio de su casa? Para que, para mandar gente a la calle y dejarla cerrada? Para la Sareb? Para un fondo buitre?

Las casas, deben ser para vivir gente. No para especular. Y el cebo del trabajo….. Se valora por sí sólo.

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BANCO SANTANDER

El Ferrari de la banca!!!

Anda lento en lo que a soluciones se refiere.

Muy buenas palabras, buenas intenciones pero un calvario en la tramitación y en la toma de decisiones.

Eso si; para los lanzamientos y toma de posesión de las viviendas, acelera más, aunque sea cambiando llaves por deuda a pesar de autos judiciales que reconocen el derecho a permanecer en la vivienda 2 años, debido a la moratoria de los lanzamientos regulada en el RD de buenas prácticas.

Por ese motivo, tuvo el honor de inaugurar la Obra Social de Pah en Burgos.

Pero estamos seguros de que le darán a Ahmed y su familia, un alquiler social justo.

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CONCLUSIÓN:

La banca, sigue agudizando el ingenio para tratar de dejar de ganar lo menos posible, aunque sea a costa de las familias que están en peor situación.

Y para ello, no duda en camuflar cláusulas poco claras en los nuevos contratos, ofrecer refinanciaciones infumables a sus clientes, y dilatar los procesos de negociación meses y meses.

Negociar, negocian. Nos han abierto las puertas de los despachos, para que no pasemos frío en la calle y de paso, no se nos vea mucho.

La pregunta es: negociar el que? Para que? Para quien?

Y mientras no tengamos respuestas claras, además de en los despachos, PAH BURGOS SEGUIRÁ EN LA CALLE

Lo cortés, no quita lo valiente.

Hemos demostrado y seguiremos demostrando que en la defensa del Derecho a la Vivienda, frente a la inactividad de los Poderes Políticos y Económicos, SÍ, SE PUEDE.

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