La Diputación aprueba financiar parques de viviendas de alquiler social en la provincia

La Diputación de Burgos ha aprobado hoy por unanimidad en su pleno mensual la moción en la que desde PAH Burgos solicitamos a la Diputación la extensión del parque de viviendas de alquiler social municipal de Burgos al resto de municipios de la provincia, en resumen solicitamos:

  • Instar a la Junta de Castilla y León a que deje de eludir responsabilidades, y tome las medidas urgentes que marca la ley, creando un Parque Público de Viviendas de Alquiler Social;
  • Dotar de partida económica e infraestructura suficiente para el mantenimiento de dicho parque de viviendas a nivel provincial.
  • Aprovechar la red de servicios sociales ya existente en la provincia, para atender los casos de emergencia habitacional y energética.

Desde la plataforma estamos satisfechos por los avances conseguidos con el Ayuntamiento y ahora también con la Diputación, que con este nuevo acuerdo conseguimos que el parque de viviendas municipal de alquiler social se extienda por el resto de los municipios de la provincia, incluido el Alfoz de Burgos. Sin embargo, recordamos que aún queda mucho por hacer. Este parque de viviendas que ahora se crea sólo podrá asumir los casos más extremos, no es suficiente.

La Junta de CyL sigue respondiendo que no tiene vivienda pública o protegida, mientras que hay cientos de familias de la Comunidad sin ingresos suficientes para pagar el alquiler o la hipoteca. Tampoco hay una legislación a nivel estatal que paralice los desahucios, regule el alquiler social, ni garantice la dación en pago para evitar condenar a las familias desahuciadas a la exclusión social de por vida.

Desde las plataformas de todo el estado seguiremos exigiendo que se garantice el Derecho Constitucional a una Vivienda Digna, porque sabemos que ¡Sí se Puede!.

TEXTO DE LA MOCIÓN

A LA DIPUTACIÓN DE BURGOS

COOPERACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA PARQUES DE VIVIENDAS EN EL ÁMBITO PROVINCIAL

La obligación de los Poderes Públicos de garantizar el DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA contenida en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el artículo 47 de nuestra Constitución, no se cumple por el Gobierno, ni por la Junta de Castilla y León, ni por el Ayuntamiento de Burgos.

La situación de emergencia habitacional que ha afectado a más de 500.000 familias en el Estado y a más de 3.500 en Burgos no ha sido objeto de protección efectiva y real por ninguna de las Administraciones Públicas, por falta de voluntad política de sus responsables.

A ello hay que unir la situación de pobreza energética (que afecta al menos al 10% de las familias) que imposibilita considerar como digna la vivienda de que se trate. De la misma forma, incide en esta situación la política, absolutamente restrictiva, de concesión de la renta garantizada de ciudadanía.

El artículo 18 de la Ley 10/2013, de 16 de diciembre de medidas urgentes en materia de Vivienda de Castilla y León, establece la obligatoriedad de que la Junta de Castilla y León y los Ayuntamientos con población igual o superior a 20.000 habitantes, gestionen Parques Públicos de Alquiler Social.

De otro lado, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, configura las Diputaciones Provinciales, en su artículo 36, como Administración cooperadora y garantista de determinados servicios en poblaciones inferiores a 20.000 habitantes PAH Burgos ha venido reclamando insistentemente, ante el Ayuntamiento de Burgos, como Administración más cercana al ciudadano, y a la Junta de Castilla y León, una intervención efectiva en la solución de esta crisis -que afecta no solamente a las familias que no pueden hacer frente a su hipoteca, sino también a las que no pueden hacer frente al pago de alquileres-, sistemáticamente desestimada, y ha conseguido que finalmente el Ayuntamiento de Burgos acuerdo en Pleno de 24 de julio de 2015, la creación de un Parque Municipal de Alquiler de Viviendas Sociales.

Pero este Parque, acordado por las fuerzas políticas al completo representadas en el Ayuntamiento de Burgos es exclusivamente de ámbito municipal, por lo que todo el Alfoz de Burgos, compuesto en su mayor parte por Ayuntamientos de poblaciones cercanas a la ciudad que se han convertido en “ciudades dormitorio” de gente que trabaja o ha trabajado en la Ciudad de Burgos, o en sus Polígonos Industriales, quedaría fuera de este acuerdo, por lo que urge encontrar una solución en especial para este segmento de población.

La moción quiere también incluir a todos los núcleos más pequeños de población de la Provincia de Burgos, imposibilitados por razones económicas presupuestarias a buscar soluciones habitacionales adecuadas para las familias en riesgo de exclusión social. Así pues se ha distinguir, por un lado:

A) MUNICIPIOS MAYORES DE 20.000 HABITANTES

La provincia de Burgos dispone de dos núcleos de población importantes que es aconsejable introducir en esta dinámica de servicio social a la gente y familias más amenazadas de exclusión social.

Habría que estudiar implicar en el Proyecto del Parque de Viviendas de Alquiler Social a las dos poblaciones más importantes de la Provincia, como son el caso de Aranda de Duero y Miranda de Ebro, impulsando con ellas la creación de un Parque de Viviendas semejante al que ha conseguido PAH Burgos con el Ayuntamiento de la capital. A la vez que se implica en el proceso a las Plataformas PAH que pudieran estar operando ya en estas ciudades.

Para ello es importante que desde la Diputación Provincial se inste a tales Municipios para que creen sus respectivos Parques de Viviendas de Alquiler Social; creación obligatoria de acuerdo con el artículo 14 de la Ley de medidas urgentes en materia de Vivienda de Castilla y León.

B) MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES

En cuanto a estos Municipios, cuyos ayuntamientos carecen de los recursos más elementales capaces de llevar a cabo una tarea semejante y cuyas necesidades son, obviamente, diferentes, en ningún momento comparable a las de las ciudades grandes. Pero no por ser pequeños, estos núcleos rurales o ayuntamientos pequeños, carecen del problema.

La actual crisis ha empujado a mucha gente, que lo ha perdido todo en las grandes ciudades, a tener que refugiarse en los pueblos de donde salieron en su día, al disponer aún allí de una vivienda, un huerto, etc., aunque en su mayoría en malas condiciones, como única ruta de salida a su situación desesperada.

Muchas de estas personas residen en estos pueblos en la semiclandestinidad social, avergonzados por una sensación de fracaso que los condena a malvivir en condiciones muy precarias, al carecer de las condiciones necesarias en sus viviendas, con los únicos ingresos de una ayuda social o una baja jubilación. Temas que necesitan ser englobados como problema de “derecho a una vivienda digna” y que ha de ser canalizados e investigados desde los CEAS.

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