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Las PAHs del Estado señalizamos las sedes de los partidos que NO apoyan las 5 de la PAH

Este lunes 14, las plataformas de afectados por la hipoteca de todo el estado sacamos #Las5delaPAH, versión 5 gigante, a la calle.

El pasado Viernes acudimos al acto del PSOE, donde intentamos hablar con Pedro Sánchez, pero nos rehuyó. La acción de este lunes comenzó a las 12h en la Plaza Mayor, donde coincidimos con las compañeras de la Asamblea de parados y precarios de Burgos, que se ven una vez más obligados a visibilizar los “Lunes al sol”. Acto seguido hemos visitado las sedes de PP y Ciudadanos en Burgos.

La campaña consiste en señalizar a los 3 partidos que siguen sin querer poner fin a los desahucios, las deudas de por vida, los cortes de suministros y a movilizar la vivienda vacía.

Como siempre, se han realizado acciones no violentas, de sensibilización e información. Se han repartido octavillas junto a las sedes (que en ningún caso hemos bloqueado) con la explicación de la campaña #Las5delaPAH, a la vez que se ha señalizado a través de pegatinas, qué partidos NO apoyan nuestras 5 medidas. Nuestro 5 gigante simboliza que algunos partidos dicen que #las5delapah “no caben” en sus programas, pero las vamos a hacer entrar, porque son de justicia.

También se ha hecho una gran campaña en redes sociales #Las5EnLasSedes, que durará toda la semana.

¿Que queremos conseguir?

  1. Visibilizar que las 5 de la PAH son 5 medidas de mínimos y urgentes, para acabar con la gravísima emergencia habitacional, que no se pueden recortar. Desde el primer momento la PAH somos los que hemos propuesto soluciones, y el deber de los partidos es aplicarlas. Hay vidas en juego y esas son las medidas necesarias para acabar con la emergencia habitacional en España. Sí se puede frenar esta sangría, falta voluntad política.
  2. Señalar los partidos que no llevan nuestras 5 demandas. Los programas de cada partido son públicos. Antes de comenzar la campaña, invitamos a todos los partidos por igual a reunirse con la plataforma, para explicarles nuestras demandas. PP no ha querido reunirse, y Ciudadanos y PSOE tampoco han incluido todas nuestras demandas en sus programas.

Recordamos que la PAH es apartidista, como ya hemos demostrado sobradamente. Se trata de una plataforma en defensa del derecho a la vivienda de todos y todas, independientemente de sus siglas. Hemos hablado con todos y no estamos pidiendo el voto para nadie, solo informando de los que no nos escuchan y que no llevan nuestras demandas en su programa.

Estas son, resumidas, las 5 medidas que exigimos:

  1. DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA: Poner fin a las deudas de por vida, a deudas ilegítimas, garantizar el derecho a volver a empezar. Rescatemos a personas, no a la banca.
  2. ALQUILER ASEQUIBLE: El alquiler como una opción de vida segura, estable y a un precio asequible.
  3. STOP DESAHUCIOS: Ni una familia más en la calle.
  4. VIVIENDA SOCIAL: Poner fin a los pisos vacíos en manos de la banca creando un parque público de alquiler. No se entiende que haya gente sin casas y casas sin gente.
  5. SUMINISTROS GARANTIZADOS: No más cortes de agua, luz y gas.

Más detalle sobre estas 5 medidas, en nuestra página web: http://las5delapah.com/las-5-de-la-pah/

Fotos de la acción en Burgos.

Comunicado de la plataforma publicado en la web estatal

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Exigimos vivienda digna en Burgos

Actualización:

Gracias a la presión de la plataforma de afectados por la hipoteca, el Ayuntamiento de Burgos se ha sumado a los más de 100 municipios que han aprobado la moción de la PAH con las exigencias de mínimos hacia los partidos políticos para hacer posible un cambio de la legislación hipotecaria y de vivienda que permita garantizar el derecho a la vivienda.

La moción, presentada por el grupo Imagina en nombre de la PAH, ha sido aprobada por 13 votos a favor (Imagina y el PSOE que en el último momento decidió no abstenerse sino votar a favor) y con las abstenciones del resto de los concejales (PP y Ciudadanos).

Una vez más se demuestra que SI SE PUEDE

Este viernes 13 de noviembre, continuando con nuestra campaña de presión “Exigencias Pah”, esta vez actuando a nivel municipal, presentamos una proposición en el pleno del Ayuntamiento de Burgos en el que estaremos presentes para defenderla. ¡Anímate a acompañarnos!

Nuestra proposición de #ExigenciasPAH ya ha sido apoyada por varios Ayuntamientos en todo el estado, todos los partidos políticos presentes en los ayuntamientos están invitados a apoyarla.

Nuestras demandas son:

  1. Dación en pago retroactiva
  2. Alquiler estable y asequible (Reforma de la Ley de alquileres)
  3. Vivienda accesible (Movilización de vivienda vacía y alquiler social)
  4. Suministros básicos garantizados.
  5. Creación de un observatorio de la vivienda.

A continuación el texto integro de nuestra moción:

logopahburgos

Al Pleno del Ayuntamiento de Burgos

MOCION DE APOYO PARA EXIGIR UNA NUEVA LEY REGULADORA DEL DERECHO A LA VIVIENDA QUE CUBRA LAS MEDIDAS DE MINIMOS PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA HABITACIONAL.

Exposición de motivos

I

La actual crisis económica y el aumento del paro ha impactado de manera dramática en la vida de miles de personas, que a causa de las dificultades económicas sobrevenidas no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación ha llevado a que muchas familias no puedan hacer frente a las cuotas hipotecarias o de alquiler de su vivienda habitual.

Esto se ha traducido en miles de desahucios en todo el estado español y en que centenares de personas han visto vulnerado su derecho a una vivienda digna, teniendo que afrontar situaciones de grave vulnerabilidad, precariedad extrema, pobreza y exclusión social, económica y residencial.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial des de 2007 hasta el primer trimestre del 2015 se han producido en el Estado Español 624.690 ejecuciones hipotecarias, 8.178 en el primer trimestre del 2015. A estas alarmantes cifras se han de sumar el aumento de las dificultades para afrontar el pago del alquiler, que cada vez afecta a más personas. El CGPJ ha contabilizado la preocupante cifra de 397.954 desahucios des del inicio de la crisis en el 2007 hasta el primer trimestre del 2015, solo en el primer trimestre del 2015 se han ejecutado 9.917 desahucios.

Estamos ante una situación de emergencia y vulnerabilidad habitacional que se incrementa por la existencia de un mercado de alquiler escaso, caro y preocupantemente especulativo y por la falta de un parque público de vivienda social, menos de un 2% de la vivienda construida. Todo ello constituye una auténtica anomalía en el contexto europeo. Además, como denuncia el informe “Emergencia Habitacional en el estado español”, elaborado por el Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, esta situación se empeora aún más por el hecho que España es el país de Europa con mas vivienda vacía, 13,7% del parque total (3 millones y medio de pisos vacíos según el censo estatal de vivienda de 2011).

El contexto descrito de vulnerabilidad y emergencia en que se encuentra gran parte de la población se está traduciendo también en un significativo aumento de las ocupaciones de vivienda. Una forma de hacer efectivo el derecho a la vivienda que aumenta el grado de vulnerabilidad social de quien se ha visto empujado a esta forma de acceso a una vivienda.

También resulta alarmante el creciente número de personas afectadas por la pobreza energética, entendida como la dificultad para poder pagar las facturas de los suministros básicos de electricidad, agua y luz. Los precios de acceso y consumo de estos suministros, que han crecido de forma exponencial, se han vuelto inasequibles para gran parte de la ciudadanía.
Esta situación de emergencia social que sufren las personas en situación de vulnerabilidad contrasta de forma abrumadora con los ingentes beneficios obtenido por las entidades financieras y las empresas suministradoras.

II

La Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en artículo 11, reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho…”.

En el marco jurídico nacional, el artículo 47 CE proclama del derecho a una vivienda digna y adecuada así como el deber de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, y el artículo 33 declara la función social de la vivienda.

El artículo 267 Tratado de la Unión Europea declara la primacía del Derecho Comunitario (STJUE 9/3/1978, Asunto 106/ 77 caso Simmenthal) que desplaza al Derecho nacional (art. 93 CE, cesión competencias en relación al art. 96 CE, los tratados internacionales celebrados formarán parte del ordenamiento interno).

En relación a lo anteriormente expuesto y concretando en el ámbito que nos ocupa, la regulación del procedimiento de ejecución hipotecaria en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil infringe la normativa comunitaria. Esta legislación es, por tanto, ilegal al ser de obligado cumplimiento por el juez nacional, adoleciendo de un vicio radical que determina su nulidad de pleno derecho. En este sentido se ha manifestado reiteradamente diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Caso Aziz, caso Sanchez Morcillo y caso Monika Kusionova).

En Catalunya se presentó, en mes de julio del 2014, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatori Desc, recogiendo así un clamor de la ciudadanía preocupada por la alarmante situación de emergencia habitacional.

Esta ILP es hoy una realidad. El pasado 29 de julio de 2015, el Parlament de Catalunya aprobó la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Esta victoria en el ámbito autonómico nos demuestra que hacer efectivo el derecho a la vivienda es una cuestión meramente de voluntad política.

En ocasión de las próximas elecciones generales, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha hecho pública una serie de medidas de mínimos que considera necesario e imprescindible incluir en una futura Ley reguladora del Derecho a la Vivienda. Estas medidas implican reformas profundas y valientes pero a la vez factibles, ya que en su mayoría están recogidas en la anteriormente citada Ley 24/2015.

La situación anteriormente relatada aconseja la redacción de la presente moción.

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS DA APOYO A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA Y CONSIDERA NECESARIO INCLUIR LAS SIGUIENTES MEDIDAS en una Ley reguladora del Derecho de la Vivienda:

  1. Medidas de segunda oportunidad
    • Dación en pago retroactiva y condonación de la deuda (modificación de la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil).
    • Eliminación automática por parte de las entidades bancarias y sin previa petición del titular de las cláusulas declaradas abusivas por las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
    • No se podrá ejecutar la primera y única vivienda tanto de los titulares como de los avaladores para exigir su responsabilidad, en orden a considerar la vivienda habitual como un bien inembargable.
    • Eliminación de todos los requisitos restrictivos para acceder a la moratoria de desahucios y al código guindos, salvo vivienda habitual, deudor/a de buena fe y carencia de recursos
  2. Alquiler digno
    • La regulación del alquiler en favor de la parte más débil de los contratos de arrendamiento: los inquilinos. Introduciendo mecanismos de seguridad en la tenencia, estabilidad en la renta y alargando el plazo mínimo de duración del alquiler, como mínimo hasta los 5 años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler si así lo manifiesta, que será obligada cuando el arrendador sea un banco o gran propietario de viviendas.
  3. Vivienda garantizada
    • Las entidades bancarias garantizarán un alquiler social para las personas deudoras de buena fe, y sus unidades familiares, que habiendo cedido su vivienda única y habitual en dación en pago no dispongan de alternativa habitacional.
    • Los grandes tenedores de vivienda, en especial las entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancarias y entidades inmobiliarias), garantizarán un alquiler social para las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago de su vivienda y no dispongan de alternativa habitacional.
    • Las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago del alquiler de viviendas obtendrán ayudas que les garanticen evitar el desahucio.
    • En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la administración competente garantice un realojo adecuado.
    • En el caso que se lleve a cabo el alquiler social en una vivienda diferente a la que reside la familia o persona en situación de vulnerabilidad, éste realojo se producirá en la zona donde éstas tengan sus redes vitales y sociales.
    • Creación de un parque público de vivienda a través de la movilización de pisos vacíos en manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancarias y entidades inmobiliarias). La administración regulará mediante ley los mecanismos que posibiliten esta movilización.
    • En todas estas medidas el precio a pagar en concepto de alquiler social no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar, incluidos gastos de suministros, de acuerdo con los estándares de Naciones Unidas, siempre y cuando los ingresos familiares superen el salario mínimo profesional 648,60€; en caso contrario el precio a pagar en concepto de alquiler será del 10% de los ingresos y los suministros correrán a cargo de las empresas suministradoras (punto siguiente).
  4. Suministros básicos
    • Impedir los cortes de suministro básicos de agua, luz y gas de las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad.
    • El pago de los suministros básicos para las familias en esta situación se hará de acuerdo a la capacidad adquisitiva de la unidad familiar, siempre respetando los estándares de Naciones Unidas.
    • Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada que no puedan ser cubiertos por las personas vulnerables serán asumidos por las empresas suministradoras.
  5. Creación de un observatorio de la vivienda
    Este observatorio estaría compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil. Este observatorio será el encargado de investigar y analizar la situación de la vivienda en España. Entre sus funciones estarían hacer censos periódicos de viviendas vacías, hacer seguimiento de las políticas públicas, elaborar de informes; contaría con capacidades no sólo consultivas sino también control, seguimiento, denuncia, ejecutivas y de propuesta legislativa.

En Burgos, a 13 de noviembre del 2015.

pdf:
Moción al ayuntamiento de Burgos #ExigenciasPAH

exigenciasPAH

Exigimos vivienda digna en Castilla y León

Hoy martes 10 de noviembre, en el marco de la campaña de presión “Exigencias Pah”, redoblamos la ofensiva lanzando una segunda ola de propuestas de cambios legislativos contra la emergencia habitacional en ocho parlamentos autonómicos.

El día 3 de Noviembre se presentó en cinco Parlamentos, Murcia, Cantabria, Navarra, Baleares y Valencia. Hoy es el turno de Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid

Nuestras demandas son:

  1. Dación en pago retroactiva
  2. Alquiler estable y asequible (Reforma de la Ley de alquileres)
  3. Vivienda accesible (Movilización de vivienda vacía y alquiler social)
  4. Suministros básicos garantizados.
  5. Creación de un observatorio de la vivienda.

La pregunta que van a tener que responder estos Parlamentos Autonómicos a la ciudadanía es, si están o no por la labor de poner fin a las deudas de por vida, los desahucios, los cortes de suministros y si van a movilizar la vivienda vacía. De no ser así, tendrán que responder por qué en unos parlamentos sí y en otros no, por qué a nivel municipal tienen un posicionamiento diferente que a nivel autonómico y que a nivel estatal.

En la PAH y Grupos Stop Desahucios siempre hemos dicho que si se quiere, se puede. Siempre hemos sabido que terminar con las leyes injustas es una cuestión de voluntad política. Por este motivo hoy cada ciudadano de Andalucia, Asturias, Canarias, CyL, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, mira a su Parlamento y dice: #ExijoAMIPAHrlamento que cumpla con su deber y defienda mi derecho a la vivienda digna!

Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y grupos Stop Desahucios de Castilla y León hemos presentado esta mañana en Valladolid el siguiente escrito:

A LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON Y GRUPOS PARLAMENTARIOS

DE: PLATAFORMAS DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA
Y GRUPOS STOP DESAHUCIOS DE CASTILLA Y LEON

Presentamos hoy este escrito para adjuntar copia de la Ley 24/2015 aprobada el 29 de Julio por unanimidad en el Parlamento de Cataluña (PSC, PP,CIU,ERC,CUP, CIUDADANOS)

Después de 6 años de lucha, con la recogida en 2012 de mas de un millón y medio de firmas para que se aprobara una ILP para garantizar el derecho a una vivienda digna, tumbada por el Partido Popular, con la aprobación de esta ley, conseguimos el primer cambio legislativo a favor del derecho a la vivienda.

Esta ley recoge las demandas de mínimos exigibles:

  1. Medidas contra el sobreendeudamiento relacionado con la vivienda habitual
  2. Medidas para evitar los desahucios que puedan producir una situación de falta de vivienda.
  3. Medidas para evitar la pobreza energética
  4. Medidas para garantizar la función social de la propiedad y aumentar el parque de viviendas asequibles de alquiler.
  5. Umbral máximo de gastos destinados a vivienda habitual y suministros básicos.
  6. Plazos

Porque es una ley que permite que las gentes de Cataluña con problema de impagos en hipotecas, alquileres o suministros básicos, puedan tener herramientas de defensa que el resto de ciudadanos que no vivimos en Cataluña no tenemos.

Estamos exigiendo a cada uno de los grupos políticos de nuestros Parlamentos Autonómicos que aprueben leyes como la catalana, para que todos podamos tener los mismos derechos que las gentes catalanas.

Porque los desahucios podrían evitarse con una ley como la 24/2015 de Cataluña.

Con esta interpelación hoy a las Cortes de Castilla y León exigimos que lleguen tan lejos como puedan y en el plazo de un mes aprueben una ley similar a la aprobada por el Parlamento de Cataluña.

En los Grupos Stop Desahucios y las PAH’s siempre hemos dicho que si se quiere, se puede. Siempre hemos sabido que terminar con las leyes injustas es una cuestión de voluntad política.

Por este motivo, hoy cada ciudadano de Andalucia, Asturias, Canarias, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Comunidades en las que se presenta hoy este escrito, y nuestra Comunidad de Castilla y León, mira a su Parlamento y dice: #ExijoAMIPAHrlamento que cumpla con su deber y defienda mi derecho a la vivienda digna!

La Ley catalana de 24 de julio de 2015

Presentamos hoy en las Cortes de Castilla y León una copia de la Ley catalana de 24 de julio de 2015 porque es una ley que permite que las gentes de Cataluña con problemas de impagos en hipotecas, alquileres o suministros básicos, puedan tener herramientas de defensa que el resto de ciudadanos que no vivimos en Cataluña no tenemos.

Por eso estamos exigiendo a cada uno de los grupos políticos de nuestros parlamentos autonómicos que aprueben leyes como la catalana, para que todos podamos tener los mismos derechos que las gentes catalanas.

Porque los desahucios podrían evitarse con una ley como la 24/2015.

Sabemos que nos pueden decir que no tienen competencias para poder aprobar una ley como esa.
Lo que exigimos es que lleguen tan lejos como puedan y en el plazo de un mes aprueben una ley similar a la catalana.

En todas las Autonomías hay competencias para abordar los puntos que planteamos.

Después de 6 años de lucha de la PAH y Grupos Stop Desahucios en todo el estado, en julio de este año, con la aprobación por unanimidad en el Parlament de Cataluña de la ILP habitatge (la Ley 24/2015) conseguimos el primer gran cambio legislativo en favor del derecho a la vivienda. El efecto dominó siguió en octubre en Murcia, donde las PAHs presentaron el texto legislativo catalán para que se adaptase y aprobase en la Asamblea Regional de Murcia.

En Castilla y León no podemos quedarnos atrás.

Informe del Procurador del Común de CyL de Junio de 2013 y Julio de 2015

Al mismo tiempo nos parece importante hacer referencia al >informe del Procurador del Común de CyL de Junio de 2013 y Julio de 2015 porque viendo sus resoluciones se pone de manifiesto que las leyes aprobadas por las Cortes de CyL, en relación a garantizar el derecho a una vivienda digna no están solucionando el problema de emergencia habitacional de esta Comunidad, bien porque no se han desarrollado adecuadamente con dotaciones presupuestarias o simplemente no se han puesto en práctica.

Como ejemplo, algunas de las medidas sugeridas por el Procurador del Comun en 2013 y la respuesta dada por la Administración:

Medidas Respuesta/aplicación de medidas
1. Plan de Vivienda autonómico Pendiente de disponibilidad presupuestaria
2. Convenio de ejecución de plan estatal Próximamente (firmado el 28 agosto 2014)
3. Estudios e info.en materia de vivienda Pendiente de disponibilidad presupuestaria
4. Registro de viviendas protegidas Próximamente (Mº de Fomento)
5. Regulación de vivienda vacía Próximamente (Mº Fomento)

Tras una actuación de oficio para conocer las medidas adoptadas por la Administración Autonómica, emite conclusiones después de información con diez propuestas generales considerando que la realización práctica resulta conveniente (para nosotros debería haber dicho imprescindible) para la consecución final de garantizar la eficacia del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. (Ver Informe del PC de Julio 2015)

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